En el contexto de la Cumbre de las Américas, las organizaciones firmantes hacemos conocer nuestra posición frente a la nueva declaración por parte de las jefaturas de Estado.

Entendemos que nos encontramos frente a una situación delicada en toda la región, donde los sucesivos casos de corrupción que han emergido en los últimos años han dañado fuertemente nuestras democracias. No existen soluciones fáciles ni mágicas para este fenómeno. Representamos organizaciones que abogan y trabajan por la transparencia y un Estado Abierto, el uso de la tecnología cívica para resolver graves problemas sociales, la promoción de la  libertad de expresión, la independencia de los poderes judiciales, las contrataciones abiertas, la igualdad de género y el cumplimiento de los derechos humanos en nuestra región. Desde ese lugar queremos contribuir a este espacio con los siguientes planteamientos:

Damos la bienvenida a abordar en esta Cumbre la lucha contra la corrupción en nuestros países como tema central. Los últimos escándalos a nivel internacional y regional demuestran la necesidad de continuar apoyando poderes judiciales y medios de prensa independientes que investiguen hasta las últimas consecuencias estos hechos. Estos esfuerzos se tienen que basar en el respeto a la libertad de expresión y el acceso a la información.

Continuamos con el esfuerzo de mejorar la aplicación de las leyes de acceso a la información pública para adaptarlas al Siglo XXI, con normativa adecuada y órganos de control eficiente, así como establecer y fortalecer las políticas de datos abiertos a nivel nacional y local. Nuestras organizaciones e instituciones están comprometidas en impulsar esta agenda a través de los foros a los que pertenecemos a nivel político, técnico y social. A pesar del avance a nivel normativo en la materia, y lo robusta de la comunidad de datos abiertos y tecnología cívica en nuestra región, existen trabas y riesgos reales para quienes trabajan en esta agenda. Llamamos a los Estados a promover estas iniciativas, y favorecer el escalamiento y uso de las mismas, así como a garantizar la seguridad de quienes las realizan. Necesitamos infraestructuras de datos públicos que habiliten el trabajo que realizamos. Mantenemos el impulso de la apertura institucional en todos los Poderes del Estado como un medio para lograr mejores políticas públicas en todos los ámbitos y sectores. Los gobiernos y los parlamentos abiertos, así como la justicia abierta deben contribuir a reflejar la pluralidad de nuestras poblaciones así como a la priorización de los problemas públicos más acuciantes en nuestra region.

Continuamos con el esfuerzo de transparentar el presupuesto, abarcando no sólo al ciclo presupuestario sino al diseño, producción y suministro de bienes y servicios públicos, así como la planificación, evaluación e implementación de proyectos de inversión públicas, incluyendo al conjunto de las finanzas públicas y las políticas fiscales, y a los fondos, fideicomisos, asociaciones públicas privadas y cualquier compromiso con implicaciones de gasto contingente, con especial énfasis en la transparencia de todas las consideraciones de riesgo fiscal.

Continuamos con nuestro trabajo a favor de contrataciones públicas abiertas. Gran parte de los escándalos que han emergido se deben a que las contrataciones públicas no han sido adecuadamente monitoreadas. Necesitamos construir la infraestructura técnica y social que permita el adecuado monitoreo de nuestros contratos públicos, de quienes los ejecutan, incluyendo a quien se beneficia en última instancia y de quienes ordenan su realización. Lo anterior, a partir del análisis de los datos abiertos de estos contratos publicados de acuerdo a estándares internacionalmente reconocidos para permitir una publicación interoperable y comparable como el Estándar de Datos para las Contrataciones Abiertas. De igual manera, precisamos mecanismos de contratación más eficientes, habilitando a pequeñas y medianas empresas a participar en los procesos, mejorando la participación de oferentes y reduciendo el riesgo de captura de estos procesos.

Continuamos y ampliamos nuestro trabajo para luchar contra los conflictos de interés en todas las áreas del sector público y privado, promoviendo activamente la liberación de datos abiertos por parte de quienes ejercen la función pública y fortaleciendo el control social por medio de registros de compañías públicos y accesibles incluyendo quienes tienen su propiedad en última instancia.

Habilitamos la participación de más mujeres en instancias de toma decisión, a nivel político y social, para así contribuir a la igualdad no solo en el discurso sino en los hechos. En particular, pensamos que las soluciones de largo plazo a la corrupción parten de la participación y la inclusión de sectores y grupos excluidos, que no tienen voz en los procesos de toma de decisión y control. Contribuimos con la exigencia del cumplimiento de los derechos humanos, al señalar que los actos de corrupción impactan directa e indirectamente en su goce, exigencia y garantía, principalmente los de los grupos sociales en condiciones de alta vulnerabilidad.

Continuando con la generación de evidencia para que podamos guiar nuestras políticas de la forma más sostenible e informada posible.

Esperamos la Cumbre refleje los puntos que referimos. Es necesario que nuestros países se comprometan de forma sistemática a trabajar en soluciones específicas para estos problemas en el ámbito interamericano, más allá de los ámbitos del discurso, los cuales aunque bienvenidos, son ya claramente insuficientes. A nuestras organizaciones las encontrarán dispuestas a trabajar por una América más transparente, abierta y justa.